En la plenaria del Senado se aprobó la ley de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, con dos objeciones del Centro Democrático.

La primera es que la JEP no practique pruebas, cuando se estudie un trámite de extradición. Por ello no podrá emitir una decisión de fondo sobre este tipo de procesos, y únicamente verificará si los hechos investigados ocurrieron luego de la firma del acuerdo de paz.

Asimismo, podrá revisar los elementos aportados por el país que pide la extradición para corroborar la fecha del delito.

La otra objeción aprobada por la plenaria, propuesta presentada por el uribismo, es que los integrantes de la Fuerza Pública puedan escoger si se someten a la JEP o no.

En cuanto a los militares y policías, sus procesos quedan suspendidos hasta que se cree una sala especial en la Jurisdicción para estudiar sus procesos. El Congreso tiene 18 meses para crear dicha instancia.