El Consejo Superior de Política Criminal, instancia asesora del Gobierno nacional, aprobó este lunes el Plan Nacional de Política Criminal que regirá en los años 2021 y 2025 y que, en palabras del Ministerio de Justicia, constituye la primera vez que se aprueba una política criminal para el Estado a lo largo de toda su historia republicana.

Esta política criminal tendrá siete prioridades: prevención del delito y reducción del homicidio; prevención de violencias basadas en género; disrupción del crimen organizado; prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales; humanización del sistema carcelario; lucha contra la captura del Estado y la corrupción y modernización de la acción estatal para combatir el crimen.

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La política estatal advierte que la “sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales”.

El plan fue concertado a lo largo de los últimos dos años por la Procuraduría, el fiscal General, el director del Inpec, el director de la Policía, seis congresistas, y delegados de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.