Arrancó la audiencia en la que diez militares reconocerán su responsabilidad en 120 “falsos positivos” (también llamadas ejecuciones extrajudiciales) ante la JEP en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

La declaratoria fue fijada en dos fechas (26 y 27 de abril) en el municipio Ocaña. El encuentro se cataloga como inédito, puesto que es la primera reunión “cara a cara” entre víctimas y victimarios del conflicto armado como resultado del Acuerdo de Paz.

Allí, los involucrados narran sus historias y el papel que desempeñaron durante el conflicto.

Las víctimas acreditadas al caso esperan que los victimarios aclaren que sus allegados muertos (en su mayoría campesinos o jóvenes reclutados ilegalmente) no eran presuntos objetivos guerrilleros y/o bajas en combate ni estaban involucrados en la guerra.

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“No son guerrilleros”

No son combatientes, no son guerrilleros. Es gente campesina que venía a trabajar la labor del campo. Yo, en mi representación de Javier Peñuela; como lo sacaron de la tienda, les estoy diciendo; todo lo robaron, y lo mataron, dice Eduvina Becerra, víctima.

“Si ustedes están aquí, comprometidos con la verdad ¿Por qué no hablan de las cabezas, de la estructura criminal, (en la) que ustedes actúan por orden de sus superiores? O lo contrario; creo que no hay verdad y están más comprometidos con lo que siguen estructurando con los falsos positivos, señala María Consuelo Daza, hermana de Luis Alfonso Daza.

La decisión, que fue adoptada por solicitud de las víctimas acreditadas en el caso, se conoce tras varias reuniones preparatorias en las que viene trabajando la JEP con los comparecientes del caso y los representantes judiciales de ambas partes.

Por solicitud expresa de las víctimas, la reunión tuvo lugar en cercanías a la región del Catatumbo, ya que lo consideran un lugar emblemático para el Caso 03 de los llamados “Falsos Positivos”, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.