Con un amplio respaldo se llevó a cabo en las últimas horas la audiencia pública del proyecto de ley de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, realizada por la Comisión Primera del Senado.

De esta manera la iniciativa, que busca fortalecer la prevención y la sanción de actos de corrupción y que fue construida con aportes de 25 entidades del Estado, inició trámite en el legislativo.

La audiencia pública, convocada por petición del senador ponente German Varón Cotrino, contó con 23 asistentes en representación de la sociedad civil, entes de investigación y control, además de entidades del Gobierno, como la Secretaría de Transparencia, impulsora de la iniciativa, junto con la Vicepresidencia de la República.

El proyecto de ley que fue presentado al Congreso el 27 de octubre de 2020 por la Comisión Nacional de Moralización, en cabeza del presidente de la República, cuenta con 91 artículos para solucionar falencias legales que están siendo aprovechadas por los corruptos.

La secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño manifestó, durante su intervención, que con la aprobación de este proyecto de ley Colombia se abrirán nuevas y mejores perspectivas en la lucha anticorrupción.

“Esta es una oportunidad grandísima para que Colombia cuente con una Ley que regule técnicamente los temas fundamentales para que las autoridades puedan atacar efectivamente la corrupción”.

Adicionalmente informó que esta iniciativa se construyó en conjunto con entidades competentes en la materia, que presentaron desde su experiencia, los temas de mayor relevancia.

“Recogió aportes claves como los señalados por la ciudadanía en la Consulta Anticorrupción y en la Conversación Nacional, así como los descritos en las recomendaciones internacionales. Se estructuró sobre tres pilares: la prevención, la sanción por actos de corrupción y el fortalecimiento institucional”, agregó Londoño.

El proyecto de ley 341 de 2020 plantea cambios a temas relacionados con la protección de denunciantes por actos de corrupción; creación de un registro único de beneficiarios finales, así como la debida diligencia para conocer al contratista del Estado y a quienes están detrás del mismo.

También fortalece la protección al denunciante y propone imponerles responsabilidad a las personas jurídicas cuando sus administradores hayan sido condenados por delitos de corrupción. Prevé la contabilidad por centro de costos para cada contrato con el Estado.