Organizaciones de derechos humanos denunciaron este miércoles el asesinato del líder social Carmen Ángel Angarita, perpetrado en zona rural de Convención, en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Hoyo y según las primeras versiones fue atacada el martes por hombres armados cuando trabajaba en el campo.

«Fue asesinado Carmen Angel Angarita, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Hoyo en Convención, Norte de Santander», denunció el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

En esta zona del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, había sido asesinado en enero el líder social Fernando Quintero, crimen que fue condenado en su momento por la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia que pidió a las autoridades una investigación para aclarar los hechos.

La situación es aún más preocupante si se tiene que cuenta que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados en Colombia 140 líderes sociales, 54 de ellos desde que inició la cuarentena obligatoria por el coronavirus, el pasado 25 de marzo.

Analistas advierten que la crisis humanitaria en el Catatumbo se ha acentuado durante el confinamiento, situación aprovechada por grupos armados que se disputan el control de economías ilegales vinculadas al narcotráfico para cimentar su poder.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los grupos han adaptado su presencia y acciones a las condiciones propias de la emergencia sanitaria por la pandemia, particularmente a las medidas de aislamiento preventivo.

La organización Somos Defensores ha relacionado el aumento de los crímenes contra líderes sociales este año con las múltiples amenazas de muerte que estos recibieron en 2019 y asegura que lo que sucede actualmente es la materialización de esas advertencias.

Recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de «profundamente preocupante» la violencia en Colombia por el aumento de los asesinatos de defensores.