Una minuciosa investigación adelantada durante dos años permitió desmantelar una red criminal que venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el país en esta modalidad: más de 2,3 billones de pesos.

La organización ilegal se dedicada a la comercialización de facturas irregulares, con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos.

Una mujer identificada como Olga Lucía Díaz, señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró a profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y a toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.

Así habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios. Incluso habría adoptado modelos de evasión internacional para desangrar al Estado por más de una década.

Una sola de las empresas creadas y beneficiadas por este cartel efectuó maniobras irregulares y operaciones de comercio ficticio por más de 40.000 millones de pesos al año.

Adicionalmente, más de 2.000 empresas legalmente constituidas sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para lograr apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

Un juez de la República avaló las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la Nación contra ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, que se materializaron en 17 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja.

Los capturados deben responder por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas de entre 8 y 18 años de prisión.

Los 2,3 billones de pesos, equivalen a los recursos con los que se hubieran podido construir 10 hospitales de nivel 1, invertir 5 veces más en el sector deporte o, incluso, financiar todo el sector agropecuario durante un año.