El Congreso de la República instaló este viernes una Comisión Accidental que busca la salida jurídica para que casi 200 detenidos durante la protesta social puedan recuperar su libertad.

En esta Comisión se trataron varios temas, entre ellos el número de jóvenes que en el marco de la protesta social han sido judicializados por distintos delitos. Hay un total de 198 jóvenes que están en las cárceles y, al menos, 60 de éstos se les presentó detención domiciliaria.

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Los representantes a la Cámara son los autores de este proyecto que se está lanzando. Entre las propuestas presentadas plantearon: visitar las distintas cárceles del país donde están los 198 jóvenes; revisar las condiciones en las que están; visitas humanitarias acompañadas de la Fiscalía, le Defensoría, congresistas e incluso organizaciones internacionales y organizaciones de derechos humanos.

El próximo 5 de septiembre habrá una audiencia pública con familiares y organizaciones para tramitar una ley de protección que garantice los derechos durante la protesta social.

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No obstante, antes de que se convierta en proyecto de ley, los congresistas explicaron algunas alternativas para dejar en libertad a los jóvenes: los delitos por los que están o fueron judicializados puedan pagarse de otra manera como acciones comunitarias, estudios de patrimonio de la humanidad y otras labores sociales.

“Vamos a revisar caso por caso para mirar, efectivamente en qué casos estamos hablando de criminalización de la protesta y si es procedente, caso a caso mirar la posibilidad de revocatoria de medidas de aseguramiento”, explicó Alirio Uribe, representante a la Cámara.

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“También vamos a mirar las condiciones de reclusión, ya que hay jóvenes que son de Bogotá y están en otras ciudades, por ello, vamos a mirar la posibilidad de que sean reubicados cerca de su familia”, continuó.

Luego de la revisión de cada caso, otra de las propuestas es presentar un proyecto de ley para la transformación de algunas partes del Código Penal, con la intención de que los jóvenes que fueron judicializados por delitos comunes no les obstruya su futuro en caso de que deseen ser ediles, concejales o alguna representación en el sector público.