La Fiscalía logró capturar a cinco personas que conformaban una red que habría logrado tramitar pensiones de invalidez a militares activos y retirados que no cumplían con los requisitos.

Según la investigación, la red delincuencial tramitaba exámenes médicos con información falsa para que se reconocieran pensiones de invalidez o por disminución de la capacidad física a integrantes de las Fuerzas Armadas.

 

 

Lo más grave, según el proceso fiscal, era que los militares no cumplían con los requisitos de ley para acceder a estos beneficios.

Dicha actividad ilegal se habría realizado durante cinco años en los que se generó una defraudación de más de 3.100 millones de pesos.

Contra los cinco capturados, la Fiscalía les imputó los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa agravada, falsedad material en documento público, entre otros.

 

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres de los capturados, mientras que los otros dos seguirán vinculados a la investigación.

¿Cómo operaban?

Se obtuvo elementos de prueba que involucraran a los capturados en por lo menos 17 eventos.

 

 

 

Hay indicios de que habrían incidido para que en los exámenes médicos se certificara pérdida de capacidad física superior del 50%, a personas que estaban en óptimas condiciones de servicio.

Con estos documentos, las juntas médicas ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional habrían sido inducidas a error y reconocieron pensiones e indemnizaciones a quienes no cumplían con los requisitos.

Entre los beneficiados con estas decisiones hay militares activos y en retiro de 26, 30 y 35 años, que estarían habilitados física y psicológicamente para continuar ejerciendo sus funciones.