En horas de la tarde de este miércoles, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho señaló que recibió un sector en crisis y con un abultado faltante de recursos.

Según Corcho, el déficit del presente año asciende ya a $5,5 billones, pero las proyecciones indican que puede llegar a 5,7 billones en diciembre.

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Frente a estas declaraciones y a través de un comunicado, la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI, gremio de representación y vocería de EPS y administradoras de planes voluntarios de salud que aglutinan a 28 millones de colombianos, expresa las siguientes inquietudes con respecto a las declaraciones pronunciadas por la jefe de la cartera de Salud.

Dicha cámara, en primer lugar agradece “la voluntad del Gobierno de aclarar las dudas manifestadas por diferentes actores del sistema en relación con el recorte de la adición presupuestal previamente solicitada para el sector salud”.

Por otra parte, señalan que al margen de las inferencias hechas por analistas y partidos políticos en el sentido de que el recorte presupuestal tiene el propósito de generar una crisis, “no podemos desconocer que las advertencias sistemáticas contra el gremio del aseguramiento en salud han generado un clima de zozobra que se irradia entre todos los agentes del sistema y ha llegado hasta los usuarios, que todos los actores tenemos el deber de proteger”.

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Asimismo la cámara, rechaza las insinuaciones sistemáticas y generalizadas en el sentido de que las EPS desvían recursos públicos destinados a la salud.

“Las diferencias sobre el modelo de salud que necesita Colombia deben basarse en la argumentación técnica y en qué es lo mejor para los usuarios, y no en el señalamiento sin pruebas de prácticas prohibidas por la ley. Urge que el Ministerio de Salud, la Superintendencia del ramo y las demás autoridades del sector fomenten un ambiente de diálogo y construcción colectiva”.

Frente al presupuesto, consideran que es pertinente que el Ministerio de Salud reevalúe la conveniencia de no incrementar la UPC en 14% sino en 12%”.

De otro lado, argumentan que “aunque el aumento corrige la inflación, es necesario tener en cuenta varios aspectos que han incrementado los costos de la atención, tales como”:

  • La tasa de cambio ha incrementado los costos de las tecnologías importadas.
  • El sistema de salud se encuentra en un proceso de puesta al día de atenciones represadas como consecuencia de las medidas adoptadas en la pandemia.
  • Las medidas de aislamiento para la prevención del SarsCoV-2 redujeron la consulta y el seguimiento a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, con el consecuente agravamiento de su condición.

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  • El proceso de depuración de EPS llevado a cabo por la Superintendencia Nacional de Salud ha aumentado la carga de enfermedad en las EPS receptoras, que han asumido la atención de personas que no estaban recibiendo tratamientos adecuados.
  • La ampliación de la lista de tratamientos costeados por la unidad de pago por capitación (UPC) ha aumentado la frecuencia de uso de los mismos.
  • Consideramos que el sector necesita claridad con respecto a cómo los 1,3 billones solicitados para la implementación del modelo preventivo y predictivo compensan la reducción de la adición en 1,9 billones para aseguramiento. Compete a todos los actores del sistema construir cálculos transparentes y que apunten a mejorar las condiciones de salud de la población.
  • Los aseguradores de salud aglutinados en la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI consideran que deben estar al margen de las disputas políticas sobre el déficit que dejó el gobierno anterior con motivo de la pandemia. El país enfrenta una nueva realidad financiera y epidemiológica, y debe mirar hacia adelante. Las inculpaciones de uno y otro lado no redundan en lo importante, que debe ser el bienestar de los pacientes.
  • Considerando los aspectos anteriormente descritos e invocando el ánimo participativo y de diálogo expresado por el señor presidente Gustavo Petro, motivamos al Ministerio de Salud y sus entidades adscritas a conformar una mesa de diálogo orientada a evitar circunstancias que puedan afectar al sistema de salud colombiano y la atención de los ciudadanos. En tal sentido deseamos establecer una línea clara de trabajo, dentro de los cauces de la regulación y la ley, que garantice los derechos de todos los colombianos.