Canciller, Claudia Blum, se pronuncia sobre el informe del Relator Especial de Naciones Unidas

La Cancillería realizó este miércoles un comunicado en relación al informe del Relator Especial de Naciones Unidas, en donde inicialmente afirman que Colombia ha construido una relación de cooperación con más de 20 agencias, fondos, y programas de la ONU que tienen presencia en el país y trabajan en diversos campos, por tanto en distintas ocasiones, Colombia ha invitado a relatores del Consejo de Derechos Humanos para que nos visiten, con la expectativa de que contribuyan al avance nacional en derechos humanos.

Así pues, Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, presentó el dia miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el informe de su visita a Colombia realizada en noviembre de 2018. Allí, el relator reconoce la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, la Cancillería ha transmitido en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad, en temas como:

En primer lugar, rechaza la supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce las garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales.

La Cancillería asegura que las afirmaciones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas.

Así mismo, objetan las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016, que desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Por otro lado, objetan la mención de supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente.

Finalmente, cuestionaron las opiniones políticas subjetivas que son ajenas al mandato del relator.

La Cancillería finalizó el comunicado asegurando que Colombia seguirá trabajando en cooperación con las Naciones Unidas, en las políticas de prevención de riesgos y amenazas que afectan a los defensores; así como en medidas de protección cada vez más eficaces y en el fortalecimiento de las autoridades judiciales para seguir reduciendo la impunidad, haciendo promoción del reconocimiento social sobre el importante papel que cumplen los defensores en la consolidación de la democracia y en el avance social, económico y cultural del país.