Durante dos años la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, recopiló material probatorio suficiente para identificar y desarticular una organización criminal sindicada de blanquear dinero producto de actividades de narcotráfico.

Ocho de los presuntos integrantes de la red, conformada en su mayoría por familiares y conocidos de dos colombianos extraditados a EE. UU., fueron capturados por investigadores del CTI y presentados en audiencias concentradas que se cumplieron en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.

En las diligencias el fiscal de conocimiento imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. El juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que ordenó la suspensión del poder dispositivos de ocho vehículos, tres de gama alta, y otros bienes ubicados en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Sopetrán (Antioquia), que estaban a nombre de los procesados y cuyo valor ascendería a 25.000 millones de pesos.

Según con los elementos recopilados en el curso de la investigación, las personas que harían parte de esta organización criminal habrían comprado, vendido y administrado inmuebles y carros; adquirieron hipotecas o prendas comerciales, entre otras transacciones hechas en muy cortos periodos y que podrían superar los 10.000 millones de pesos.

El ente investigador constató que los titulares de las operaciones financieras detectadas no tenían la capacidad económica ni registraban suficientes ingresos que soportaran ese patrimonio, y evidenció que el verdadero origen de los dineros comprometidos eran las actividades ilícitas de Luis Guillermo Medina González, alias »Gordo Guillermo» y Dalberto Rincón, alias »Bambam», procesados en Estados Unidos por narcotráfico.

En el curso del proceso se identificó que uno de los supuestos integrantes de la red de lavado de activos figuraba como propietario de 22 bienes entre apartamentos, casas y fincas avaluadas en 4000 millones de pesos.

Al mismo tiempo quedaron al descubierto: un lote en zona rural de Cartagena de 3000 metros cuadrados de extensión, que fue adquirido e hipotecado por 2700 millones de pesos; así como un inmueble en Bogotá de 800 metros cuadrados, valorado en 5000 millones de pesos; y una clínica de estética en Medellín con activos por 1000 millones de pesos, cuya directora era la esposa de alias Bambam.

Por estos hechos fueron capturados y judicializados:

  • Jacqueline Luque López, esposa de alias Gordo Guillermo.
  • Sandra Liliana y Mónica María González Medina, hermanas de alias Gordo Guillermo.
  • Ana Beatriz Medina Suárez, madre de alias Gordo Guillermo.
  • Libia Vanessa González Chacón, actual compañera sentimental de alias Gordo Guillermo.
  • Jimmy Barón Ulloa, presunto subalterno de alias Gordo Guillermo, encargado de ubicar personas que prestaban su nombre para la compra de bienes.
  • Carlos Mauricio González Gómez, presunto subalterno de alias Gordo Guillermo.
  • Lorena Galeano Quintero, esposa de alias Bambam.

Los detenidos fueron remitidos a las cárceles El Buen Pastor y La Modelo, en Bogotá; y el Centro Penitenciario de Moniquirá (Boyacá).

Alias Bambam y el Gordo Guillermo, serían los jefes de una estructura narcotraficante que movía entre tres y cinco cargamentos mensuales de cocaína a EE. UU., y fueron capturados en marzo de 2018.

Dalberto Rincón, alias »Bambam», fue detenido en una casa lujosa en el sector de El Poblado (Medellín). Los investigadores conocieron que perteneció al Ejército Nacional como soldado profesional. En 2017, fue capturado por el delito de homicidio en persona protegida; sin embargo, presentó una solicitud ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), habría sido cobijado por esta jurisdicción y quedó en libertad.

Por otra parte, Luis Eduardo González Medina, alias »Gordo Guillermo», fue capturado en un sector exclusivo de Cartagena. Al parecer, era quien sostenía contacto directo con enlaces en República Dominicana y Puerto Rico; y disponía del dinero que se iba a pagar en los centros de producción de cocaína en Tibú (Norte de Santander).

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