Un juez de Corozal (Sucre) acogió los argumentos de la Fiscalía General e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del alcalde y el secretario de salud del municipio de San Juan de Betulia, junto a un contratista, y judicializó a dos asesores del municipio y a un particular, por presuntas irregularidades en el contrato de adquisición de los kit de alimentos para atender a la población por la emergencia sanitaria.

El despacho judicial ordenó la detención en su lugar de residencia contra el alcalde de San Juan de Betulia (Sucre), Juan Manuel Hoyos Angulo; el secretario de salud, John Arrieta Torres, el contratista John Buelvas y el contador público Pablo Fernández Caro.

Adicionalmente, se les impuso medida no privativa de la libertad al asesor jurídico del municipio David Herazo Herazo, dejó en libertad al asesor económico Pedro León Sierra y al particular Julio Tuirán García.

La Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en provecho de terceros y propio, y uso de documento público falso, pues en la suscripción del contrato de suministro se habrían desconocido los principios de selección objetiva, transparencia, planeación, economía, idoneidad, entre otros.

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Un fiscal de la Dirección Seccional de Sucre, grupo especial de investigaciones COVID-19, en coordinación con la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, evidenció que el alcalde Juan Manuel Hoyos Angulo tramitó y celebró el contrato CUM 001-2020 con la fundación Fundess, representada por el señor Jhon Dairo Buelvas Hoyos, con un documento público, al parecer, adulterado.

La investigación arrojó que en la financiación y ejecución habrían intervenido personas que no tenían ningún vínculo con el contrato, entre estos, el padre del alcalde y un concejal del municipio de Buena Vista que fingió, ante los investigadores, ser el asesor económico del municipio. Dicha contratación tendría sobrecostos.

El contrato tenía como objeto el suministro de 1.000 kits de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio de San Juan de Betulia.