La Superintendencia de Transporte abrió investigaciones administrativas, mediante la formulación de pliego de cargos, a 26 aerolíneas que prestan el servicio de transporte aéreo de pasajeros en Colombia.

Dicha medida hace parte del control a los contratos celebrados entre las empresas y los usuarios del sector aéreo.

Durante varios meses, la Superintendencia examinó la información publicada en las páginas web de las empresas y realizó requerimientos, con el propósito de verificar si cuentan con las normas establecidas para ello.

 

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Al concluir el análisis, la entidad encontró que había contratos en idiomas distintos del castellano, cláusulas que exoneran la responsabilidad por daños al equipaje del usuario y otras que permitirían cambiar unilateralmente el precio anunciado al consumidor, entre otras situaciones que podrían perjudicar a los usuarios.

 

Por eso formuló cargos a las siguientes 26 aerolíneas:

 

1. Aerolíneas Argentinas
2. Aeroméxico
3. Air Canada
4. Air Europa
5. Air France
6. Air Transat
7. American Airlines
8. Avianca
9. Avior Airlines
10. Copa Airlines
11. Delta Air Lines
12. Easyfly
13. GCA Airlines
14. Iberia
15. Jetblue
16. KLM
17. Latam
18. Jetsmart
19. Regional Express
20. Satena
21. Sky Airline
22. Spirit Airlines
23. Turkish Airlines
24. United Airlines
25. Viva Air
26. Wingo

 

En el caso de Regional Express Américas S.A.S., se encontró una presunta infracción, pues no habría cumplido con su obligación de habilitar en el medio de comercio electrónico el contrato de transporte, para que los usuarios puedan acceder a su información, descargarlo e imprimirlo en cualquier momento.

En cuanto a la empresa Jetblue Airways Corporation, el cargo fue formulado por la presunta infracción de la normatividad, al presentar el texto del contrato de transporte aéreo en idioma distinto del castellano.

 

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En caso de ser encontradas responsables, las empresas Regional Express Américas S.A.S. y Jetblue Airways Corporation podrían ser sancionadas con una multa de hasta 443 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Para las demás empresas, las sanciones en caso de comprobarse las infracciones administrativas al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) podrán llegar a los 2.000 SMMLV para cada uno de los investigados y por cada cargo.