Los cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación corresponden a irregularidades en la expedición de la licencia de construcción y certificación de vivienda de interés social al proyecto Aquarela de Cartagena.

Dicho pliego de cargos son contra el Curador Urbano N° 1, Ronald Jesús Llamas Bustos y el exgerente (e) de Corvivienda, Luis Alberto Vélez Carrasquilla.

Además, se dio inicio a las posibles acciones disciplinarias contra funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Cartagena.

Entre ellos el actual mandatario, William Dau Chamat y su antecesor, Pedrito Tomás Pereira Caballero.

De acuerdo con la investigación, al parecer Llamas Bustos autorizó que el proyecto tuviera 31 pisos, lo que supera la altura permitida por el POT de Cartagena y las disposiciones para proyectos de vivienda de interés social VIS.

Esa situación ha afectado el cono visual del Castillo de San Felipe de Barajas que tendría en riesgo su calificación como Patrimonio Histórico de la Humanidad.

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Además, aparentemente el curador Llamas habría concedido la licencia de construcción en un terreno que se encuentra por fuera de la zona de expansión urbana, establecida en el POT para el desarrollo de proyectos VIS.

Al exgerente (e) de Corvivienda se le cuestiona la presunta expedición al proyecto multifamiliar Aquarela del certificado de vivienda de interés social.

Dicha certificación no contaría con los estudios de clasificación del terreno para determinar si era apto para el desarrollo de programas VIS.