La Contraloría General de la Nación investiga lo que está ocurriendo con los proyectos de infraestructura educativa en varias regiones del país y los resultados iníciales confirman retrasos en varias obras y determinan además, en algunos casos, costos exagerados.

De acuerdo con el diagnostico consignado en el Conpes 3831 del 3 de junio de 2015, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar, debía cumplir a diciembre de 2018 con la meta de resolver el 60 % del déficit de aulas estimado en 51.000 aulas nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30.000 nuevas aulas y mejoradas.

Pero, según la Contraloría dicha meta no se cumplió porque a diciembre de 2018 solo se habían terminado 73 proyectos en área urbana, de los cuales solo se han entregado 12 proyectos, equivalentes a 230 aulas: 131 son nuevas, cinco especializadas y el resto mejoradas.

El ente de control confirmó que le “llegó una lluvia de denuncias por incumplimientos de los contratistas, posibles sobrecostos y, sobretodo, por la demolición de establecimientos educativos para dar paso a nuevos que están inconclusos o no se han entregado, con lo cual muchos estudiantes han sido trasladados, cuando no amontonados, en sitios inapropiados”.

También denuncian ante la Contraloría, que “la ejecución de los proyectos se encuentra en estado crítico, se han incumplido los cronogramas de las obras y no hay respuesta del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa”.

La situación es tal que se han interpuesto varias tutelas, como es el caso del departamento de Boyacá, donde el incumplimiento en la construcción de los colegios y lo que llaman los demandantes “el inicio del carrusel de las escuelas o de los colegios”, ha dejado a niños y jóvenes expuestos a recibir clases en lugares improvisados, como plazas de mercado, coliseos, conchas acústicas “y hacinados en los pocos colegios que quedaron en pie, es decir que no se derrumbaron”.

La Contraloría también recibió denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, por mora en los pagos.

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La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, entre otros.

La Contraloría ha encontrado desfases significativos en los costos promedio por aula construida en las zonas urbanas, en proyectos ejecutados en marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.