Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación y algunos  de los abogados defensores, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín revocó las medidas de aseguramiento de carácter domiciliario que pesaban contra el contralor de Envigado (Antioquia), José Conrado Restrepo Valencia, y contra la secretaria de Hacienda, Girlesa del Socorro Mesa Medina, y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de falsedad material en documento privado y cohecho propio.

En la misma decisión, se le impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio al alcalde de la población Raúl Eduardo Cardona González, quien gozaba de una medida no privativa de la libertad y con la prohibición de ingresar a la administración municipal y hablar con los empleados o contratistas.

La investigación adelantada por la Fiscalía evidenció que Cardona González, al parecer, despidió a varios funcionarios que se negaron a pagar coimas a un exconcejal para conservar sus cargos.

Los investigadores establecieron que el exconcejal, Lindon Jhonson Galeano Avello, presionaba supuestamente a servidores de diferentes niveles para que le entregaran entre el 10 y el 20 % de su sueldo.

Una de las víctimas denunció que tuvo que darle $62 millones para poder conservar su cargo. Al exconcejal le fue confirmada la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio para evitar que continuara con los cobros irregulares.

Según el fallo de segunda instancia, también estarán bajo detención domiciliaria el exsecretario de Educación Diego Fernando Echavarría Giraldo y el representante legal del Programa Computadores para Educar, Reinel Fernando Bedoya Rodríguez, procesados por presuntas irregularidades en la donación de 500 tabletas y un contrato de más de 300 millones para la instalación de un software a los equipos.

La misma medida fue fijada para los  particulares Camilo Andrés Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero Restrepo, investigados por la supuesta negociación de un lote de 11.000 metros cuadrados en la vereda Pantanillo de la citada población. Ambos contaban con una medida no privativa de la libertad.

La decisión de primera instancia fue proferida por el Juzgado 31 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, el 4 de diciembre de 2018.

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