El senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, interpusieron una acción de tutela en contra del fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez.

De acuerdo con Cepeda y Montealegre, la tutela se da por “vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y verdad, justicia, y reparación”.

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En esta medida, según manifiestan, la solicitud de amparo la fundamentan por seis razones:

  • En el caso, el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, en audiencia llevada a cabo el 27 de abril de la anualidad, negó la solicitud de preclusión presentada por el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, por cuanto concluyó que no se encontraba acreditada ninguna de las causales alegadas por el ente investigador.
    Por el contrario, “existen elementos materiales probatorios que podrían configurar la responsabilidad penal del imputado”.

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  • No obstante, con el propósito de dilatar injustificadamente la actuación procesal, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, “el 2 de mayo de 2022 decidió designar un nuevo fiscal para adelantar la investigación, apoyándose para ello en el artículo 294 de la ley 906 de 2004″.
    Lo anterior, pese a que en este caso “no es posible aplicar dicha disposición, por cuanto la Fiscalía sólo puede hacerlo cuando dentro del término legal de 120 días no presenta solicitud de preclusión o acusación”.
  • Con esta decisión, la Fiscalía ha transgredido el principio de legalidad y, en consecuencia, ha vulnerado el derecho de las víctimas al debido proceso.
  • De igual manera, la Fiscalía ha “vulnerado el derecho a la igualdad” otorgando un trato desigual e injustificado en este caso, por cuanto en otras investigación ha formulado acusación de manera inmediata, una vez ha sido negada por los Jueces de la República la solicitud de preclusión.

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  • Asimismo, ha violentado las garantías fundamentales de las víctimas, al acceso a la administración de justicia, y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
  • Por lo anterior, han solicitado que se amparen sus derechos fundamentales y se ordene al fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que cese toda actividad de investigación desplegada con posterioridad a la decisión del 27 de abril de la anualidad, mediante la cual se negó la preclusión de la investigación penal y, en un plazo razonable, fijado por el juez de tutela, formule acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez.