La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano información de las víctimas de tres casos graves a manos de paramilitares al mando de Salvatore Mancuso Gómez.

Según la CIDH, dicha solicitud fue radicada el pasado 21 de agosto ante la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro por la Justicia y el derecho Internacional.

La razón, es la eventual deportación de Salvatore Mancuso a Italia, país donde también tiene la ciudadanía, en lugar de ser enviado a Colombia.

El oficio pide a la Corte que el Estado colombiano se asegure de que «el proceso de extradición ante Estados Unidos cumpla con las obligaciones de debida diligencia».

Esto con el fin de permitir que las víctimas de las masacres de Ituango (2002), Pueblo Bello (1990) y Valle Jaramillo (1998) tengas garantías para el acceso a la justicia.

La CIDH comprobó la vinculación entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, en particular las AUC, en la violación de derechos humanos y ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

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Mancuso fue extraditado a EEUU en mayo de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y el pasado mes de julio cumplió su condena de 12 años por el delito de narcotráfico.

Actualmente se está determinando su situación jurídica en Estados Unidos y es posible que sea deportado a Italia.

Colombia ha tramitado, en lo que va de año, tres solicitudes de extradición de Mancuso, las cuales han sido rechazadas por errores de forma o retiradas por el Estado colombiano.

Esta preocupante negligencia podría tener como consecuencia la imposibilidad de que Salvatore Mancuso cumpla las condenas que han sido impuestas por la justicia colombiana en su contra por graves violaciones a derechos humanos.

Ante la solicitud de la Corte IDH, el Estado colombiano tiene plazo hasta el 31 de agosto para remitir información sobre esta situación, posteriormente la Corte determinará el otorgamiento de las medidas.