La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a los directores administrativos de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, por presunto uso indebido de los recursos públicos destinados a la atención de pacientes con VIH/SIDA del régimen subsidiado del departamento.

Los investigados al parecer pagaron facturas de pacientes que no estaban dentro de la base de datos de la caja de compensación, cancelaron a IPS cuentas de usuarios cuyos documentos de identificación no aparecían en la Registraduría (cédulas inexistentes), y cuyos titulares de las cédulas de ciudadanía estaban muertos o con suspensión de derechos políticos.

El ente de control reprochó que Comfacor haya pagado presuntos sobrecostos por más de $12.000 millones de pesos, por complicaciones asociadas a VIH/SIDA, que estarían relacionadas con incumplimiento en las guías de atención a pacientes con ese diagnóstico.

Hoyos Cartagena, quien se desempeñó como director administrativo de Confacir entre el 18 de marzo de 2005 y el 9 de marzo de 2.017, y Márquez Martínez, quien ocupó el cargo desde el 9 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2.017, al parecer quebrantaron el principio de moralidad y desconocieron el de economía, al presuntamente haber permitido que se afectaran los recursos de la salud del departamento en $456 millones.

La Procuraduría advirtió que la dirección de la caja de compensación y la ordenación del gasto eran funciones del representante legal, responsable de propender para que los recursos sean ejecutados correctamente.  

El Grupo Élite Anticorrupción remitió otros hallazgos relacionados con el aumento significativo de pacientes con VIH a la delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, para que dentro de su función preventiva determine si también harían parte de un cartel para desangrar los recursos de la salud entre IPS y EPS.  

Tras estas posibles irregularidades en la facturación y atención de pacientes con VIH/SIDA, la Procuraduría compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la forma como las autoridades y particulares administraron y vigilaron los recursos de la salud, por cuanto al parecer pudieron existir conductas de relevancia penal y administrativa.

Al mismo tiempo, remitirá a la Contraloría General de la República, el avance de la investigación disciplinaria para que obre en el proceso fiscal que se adelanta por estos hechos.

El Ministerio Público calificó de manera provisional, las presuntas faltas como gravísimas con culpa gravísima por desatención elemental.

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