Desde el Macondo de los vendedores ambulantes en el centro de Bogotá, todas las cosas tienen un nombre: sobrevivencia. Se señalan con un dedo en medio de la pandemia.

Entre carritos de plástico y madera doña Carmen es una de los más de 39.620 vendedores de calle registrados en el IPES y una de las más de 80 mil que desde la llegada del COVID-19 se rebuscan día a día en cualquier esquina. Ella llegó hace 12 años al sector de San Victorino.

Con la llegada del COVID-19, la debacle fue inevitable, tuvo que tomar una decisión: guardar la cuarentena o conseguir dinero para vivir. Rompió las reglas y volvió a las calles.

Es la misma historia de muchos de sus compañeros de calle, que en las ocasiones que salen a buscar el sustento, son sancionados por la Policía con comparendos.

Y no solo comparendos han recibido, también denuncian abusos y excesos policiales.

Mientras los vendedores dicen que las ayudas no llegan, desde el Distrito responde, Libardo Asprilla, director del Instituto para la Economía Social: “con lista en mano podemos comprobar que sí les hemos entregado ayudas”.

Todos piden en un solo coro: que los dejen volver a trabajar y se comprometen a tener protocolos de bioseguridad.