En una carta, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez propuso este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantar su visita del 7 al 11 de junio para revisar la situación que ha vivido el país en medio de las protestas que comenzaron el 28 de abril.

Asimismo, en la misiva, la vicepresidenta y canciller, invita a la CIDH a una audiencia privada el 7 de junio en Bogotá junto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Tras lo anterior, la delegación podrá realizar una visita a terreno del 8 al 11 de junio “previa coordinación conjunta entre la CIDH y el Estado colombiano del protocolo y formato, de tal manera que el Estado, conforme a ello, proceda a formalizar a la brevedad posible la anuencia a la visita”, comunicó la vicepresidenta y canciller.

 

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La CIDH ha insistido en varias ocasiones en su voluntad de realizar una visita a Colombia y a varias ciudades donde se han producido denuncias de violaciones de derechos humanos como asesinatos, lesiones, desapariciones y abusos sexuales, también por parte de la Fuerza Pública.

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“Comprendemos y compartimos la necesidad del rol de la CIDH y reconocemos y valoramos el trabajo que adelantan, de tal forma que tenemos plena disposición para que la visita comience a partir del día martes 8 de junio de 2021”, dijo Ramírez.

El Gobierno sugiere “que la visita comprenda mínimo cuatro días, de modo tal que tengan el tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán”.

 

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Cali, tercera ciudad más importante del país, es el epicentro de las protestas y donde el viernes, según las autoridades locales, se produjeron 13 homicidios tras la irrupción de hombres armados en los barrios y las movilizaciones.

En Tuluá y Popayán, se han presentado incidentes graves como la quema del Palacio de Justicia en la primera ciudad, y reportes de abusos policiales en la segunda (y en muchas otras partes del país).

La vicepresidenta insiste en su comunicación a la CIDH en que las protestas pacíficas “se han visto opacadas por grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas”.

 

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Sin embargo, la Fiscalía y la Defensoría publicaron este lunes su último informe donde establecen que han sido reportadas 48 muertes, de las cuales 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones y 10 de ellas han ocurrido en la ciudad de Cali.

Además, estas instituciones han recibido también más de 400 denuncias por desapariciones, de las cuales el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 111 casos.

Por su parte, la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizan 60 muertes durante las protestas del último mes en el país, de las cuales 43 se las atribuyen a la Fuerza Pública.

Mientras tanto, la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) informó este domingo que ha recibido informes sobre 14 personas que murieron y 98 que resultaron heridas -54 por disparos- en la ciudad Cali el viernes pasado.