Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia defendió el acuerdo de paz con las Farc y asumió los grandes “retos y desafíos” que el Estado tiene para la implementación de dicho acuerdo.

“El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha demostrado un compromiso con la promoción de una cultura de derechos humanos que ha pasado por la búsqueda de la paz, la equidad y la educación”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Por tercera vez, el Gobierno nacional se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación del cumplimiento de los compromisos con los derechos y leyes fundamentales al que deben someterse los 193 países de Naciones Unidas y que se realiza en el marco del Consejo.

En el encuentro, el jefe de la cartera del Interior recordó que el Ejecutivo está involucrado en la búsqueda de un acuerdo similar con la guerrilla del ELN y asumió que ambos procesos “no están exentos de retos y dificultades”. Pero dejó claro que en ambos casos “el Estado avanza hacia la búsqueda de la paz”.

Rivera relató todos los progresos conseguidos en un año y medio desde el acuerdo de paz con las Farc, que ahora son un partido político, entre los que destacó la reducción de los índices de la violencia, que ha llevado a que en 2017 se diera el menor número de actos violentos de los últimos 42 años “lo que permitió salvar 3.000 vidas”, así como las labores de desminado.

Asimismo, reconoció que el Gobierno tiene un problema grave con la persistencia de desplazamientos forzosos de población rural y, sobre todo, con la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes indígenas y sindicales.

“Estamos luchando contra la impunidad de los homicidios de defensores de derechos humanos”, afirmó y explicó que se ha creado una unidad específica en la Fiscalía y en la Policía para esclarecer estos asesinatos, e informó de que 4.000 activistas están siendo protegidos por el Estado.

Precisamente, el acoso y los homicidios de estos activistas fue la principal preocupación de la inmensa mayoría de los países que intervinieron, entre ellos Australia, Argentina, Austria, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica Congo, y Dinamarca, España.

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