Este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “a raíz de los hechos violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense”, tomó la decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en ese país, Alfredo Rangel.

 

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“El llamado obedece al compromiso del Gobierno de Colombia con los valores y principios consignados en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la OEA. En concordancia con lo anterior, expresamos nuestro rechazo a la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”, se lee en el comunicado.

“El Gobierno de Colombia insta al gobierno de Nicaragua a la inmediata liberación de los presos políticos y a cesar esta persecución sistemática, así como a permitir el libre ejercicio de las libertades políticas y una elección democrática transparente y libre para que el pueblo nicaragüense escoja su destino”, dice el documento emitido por la Cancillería.

Esas detenciones, agrega el comunicado del Gobierno colombiano, “son abiertamente contrarias a la Carta Democrática Interamericana”, en lo referente a que los pueblos tienen derecho a la democracia y recuerda que ese documento señala que los gobiernos “tienen la obligación de promoverla y defenderla, al ser esencial para su desarrollo social, político y económico”.