Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020.

En esta edición, Colombia obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción.

El país se ubica en el puesto 92 entre 180 países. Esta calificación es realizada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país.

En la región, Colombia obtiene el mismo puntaje de Ecuador (39/100) y se ubica por debajo de Uruguay (71/100), Chile (67/100) y Argentina (42/100), y por encima de Brasil (38/100) y Perú (38/100).

Entre los países que hacen parte de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México. 

Colombia consigue dos puntos más que el año pasado, sin embargo, estadísticamente esta variación no es considerada como un avance significativo.

Por lo tanto, persiste el estancamiento en la calificación, pues desde el 2012 el país ha estado entre los 36 y los 39 puntos. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país.

“Estamos cerca de cumplir una década en ese estancamiento. Avanzar en esta calificación dependerá de cómo el país aborde retos históricos que facilitan la corrupción, pero también de nuestra capacidad para proteger los recursos públicos en coyunturas tan difíciles como la pandemia”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Corrupción y Covid-19, ¿cuál sería el camino a seguir? 

Los países que tuvieron una buena puntuación en el IPC invirtieron más en sus sistemas de salud y están en mejores condiciones de proporcionar cobertura de salud universal. En estos países es menos probable que se violen las normas democráticas y el imperio de la ley.

Por el contrario, los países con mayores niveles de corrupción mostraron una tendencia a transgredir las instituciones democráticas y el estado de derecho durante la crisis Covid-19.

“Desde el inicio de la emergencia sanitaria planteamos que la transparencia contribuye a salvar vidas. La fase actual de adquisición de vacunas y puesta en marcha de un plan de vacunación no es la excepción y debe estar marcada por la integridad, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la equidad”, indicó Hernández.