La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez finalizó este jueves una reunión con la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), quienes culminan su visita de trabajo en Colombia para verificar la situación de DD. HH. en medio del paro nacional que inició el 28 de abril.

“Nos sentimos muy satisfechos como parte del Estado colombiano por el reconocimiento explícito, reiterado, que hicieron los distintos comisionados a la fortaleza institucional de Colombia, a la fortaleza de nuestra democracia”, afirmó Ramírez.

 

“La recomendación que nos han hecho, en el sentido de seguir dialogando, buscando espacios de trabajo conjunto para preservar esta democracia y para seguir fortaleciendo nuestras instituciones”, aseguró.

 

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La vicepresidenta afirmó, que tanto la CIDH como el Gobierno, “están tremendamente adoloridos por las vidas que se han perdido en nuestro país” y se harán todas las investigaciones necesarias sobre cuáles han sido las causas de la muerte de 21 personas, de las cuales se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de las protestas por el paro.

“Por supuesto, esperaremos el reporte de ellos, sus recomendaciones con el mayor interés, con la mayor disposición a seguir mejorando todo lo que esté a nuestro alcance para que el Estado colombiano siempre sea un Estado garante de la promoción, del respeto a los Derechos Humanos”, afirmó la vicepresidenta.

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Por otra parte, recordó que el Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero no acepta ningún tipo de vandalización y destrucción.

 

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“Una cosa es el derecho a la protesta, pero también hay que decir qué no hace parte del derecho a la protesta, y es toda esta vandalización y destrucción a la que han sometido a nuestro país. El compromiso de todos los colombianos debería ser un compromiso solemne, expresemos nuestras diferencias, pero hagámoslo respetuosamente, pacíficamente, sin destruir el patrimonio que tanto ha costado construir”, aseguró Marta Lucía Ramírez.

La vicepresidenta comunicó que el embajador Alejandro Ordóñez ha quedado encargado de mantener comunicación permanente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nos van a transmitir por su conducto esas recomendaciones, vamos a estar en contacto con ellos”.

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El informe del Gobierno a la CIDH

Un minucioso informe sobre el paro nacional entregó la vicepresidente y canciller, en nombre del Gobierno nacional, a la CIDH.

Las garantías del Estado colombiano a las manifestaciones pacíficas; los mecanismos de diálogo; las acciones violentas, como el vandalismo, los bloqueos y sus efectos; las actuaciones de la Fuerza Pública y la reforma a la Policía, son los ejes que enmarcan este documento, que da pormenores de los más de 40 días de protestas en el país.

“El cierre de esta visita de la CIDH ha sido de mucho respeto a esta institucionalidad, de la cual todos nosotros hacemos parte”, dijo la vicepresidenta y canciller.

 

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En el informe entregado por el Gobierno a la CIDH, se reitera el respeto y garantías al derecho a la manifestación pública y pacífica, conforme a la Constitución y a los estándares internacionales.

Así mismo, se hace manifiesto el compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos.

El documento también hace referencia a las acciones violentas que se han presentado en el marco de las protestas, como el vandalismo, y los bloqueos.

En cuanto a los bloqueos, se hace explícito a la CIDH que, desde el 28 de abril, se han presentado 3.190 eventos que han afectado la libre movilidad a los habitantes del país, el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios.

 

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A ello se suman los datos en materia de salud: 108 daños a ambulancias; 32 afectaciones a funcionarios; 16 retenciones de ambulancias, en 10 de los casos transportaban pacientes; seis daños a infraestructura; cinco obstrucciones de vehículos que trasladaban insumos médicos; cuatro muertes de pacientes; tres hurtos de insumos médicos; dos moras de remisión de pacientes; y 256 eventos de agresión a la Misión Médica.

Otro de los focos en el que se da información detallada a la Comisión, es el vandalismo, con un reporte de 679 hechos de afectación en contra de instalaciones y bienes de la Policía Nacional. Daños a 151 infraestructuras gubernamentales: 28 peajes, cuatro básculas de pesaje, 25 bienes culturales, 111 semáforos y 148 afectaciones a sedes de alcaldías, palacios de justicia, recinto del Congreso y gobernaciones.

Finalmente, se le informa a la CIDH que, frente a denuncias por abuso de autoridad y excesos de parte de miembros de la Fuerza Pública, hay en curso varios procesos disciplinarios y judiciales, con tres capturas de miembros de la Policía.