El Consejo de Estado rechazó una tutela que pretendía la suspensión del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y pedía la realización de un referendo o una consulta popular para que la ciudadanía se pronunciara.

La corporación advirtió que la tutela era improcedente y en ese sentido confirmó lo dicho en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que advirtió que “ninguna de las pretensiones estructuradas superaba el examen de procedibilidad formal propio de la acción de tutela”.

 

Lea también: Trasladaron al exsenador Eduardo Pulgar a una cárcel militar

 

La tutela, dirigida contra la Presidencia de la República y sus ministerios, contra el Invima y otras instituciones, alegaba una violación a varios derechos fundamentales, entre ellos el de la vida, por la implementación de vacunas mediante procedimientos ‘exprés’.

“Es evidente que se debe estudiar la eficacia de otros instrumentos médicos contra la enfermedad y, en ese sentido, señaló que la SIC incurrió en una omisión administrativa al no evaluar los estudios existentes sobre el uso de la ivermectina y el dióxido de cloro y restringiendo su venta y comercialización”, advertía la tutela.