En respuesta a una tutela que cuestionó el manejo que el Gobierno nacional le dio a las protestas sociales que iniciaron el pasado 28 de abril, el Consejo de Estado instó a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen con celeridad los posibles delitos y el abuso de poder en que hubieren incurrido funcionarios públicos en el marco de las protestas.

“Conminar a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que de manera célere, prevalente y especial realicen las investigaciones penales y disciplinarias por los posibles hechos delictivos y de abuso de poder de los servidores públicos (…) con la finalidad de que las acciones penales y disciplinarias no prescriban, toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”, advierte la decisión adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

 

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La decisión también pide que se investiguen con celeridad los hechos delictivos en los que hayan resultado heridos agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios – Esmad, miembros de la Policía o en los que hayan sido destruidos bienes públicos.

“Se reitera, el desarrollo de las manifestaciones demuestra uso excesivo de la fuerza, en la que se privilegia el uso de armas como elemento principal, y no se acredita en el plenario, la implementación real y en campo de los protocolos dispuestos”, advierte la decisión.

 

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El fallo también le ordenó a la Policía que capacite a todos sus hombres y al Esmad para que den estricta aplicación al protocolo de protección del derecho a la protesta pacífica.

El alto tribunal también le ordenó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que verifiquen, antes y después de cada jornada de protesta social, el “personal y el armamento de los que hagan uso los agentes partícipes en los operativos de control, patrullaje y acompañamiento a las protestas”.