El Consejo de Estado rechazó una acción popular que pretendía que se cayeran los principios de oportunidad acordados en 2017, entre la Fiscalía y exdirectivos de la multinacional Odebrecht en Colombia, con los que se comprometían a devolver 32 mil millones de pesos al Estado colombiano para resarcir los daños provocados por el escándalo de corrupción por el pago de sobornos para ganar millonarios contratos.

La demanda pedía que la Fiscalía renegociara con los exdirectivos para que pagaran un monto superior, 505 mil millones de pesos.

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Pero el Consejo de Estado no accedió a las pretensiones advirtiendo que el principio de oportunidad es una figura discrecional de la Fiscalía y que los jueces de control de garantías son quienes deben controlarlos.

“Ante la presunta vulneración o amenaza a los derechos colectivos que se origine por la aplicación de un principio de oportunidad, es al juez de control de garantías a quien corresponde salvaguardarlos, como responsable del control judicial al beneficio. Según el fallo, la competencia de dicho despacho prevalece sobre la del juez popular frente acciones u omisiones estatales que amenacen derechos e intereses colectivos”, advierte la decisión.