El Consejo de Estado tumbó un fallo de su Sección Tercera que le ordenaba al Ministerio de Defensa y a Isagen reparar económicamente a la familia de un ingeniero que falleció en un atentado de las Farc a la hidroeléctrica Jaguas, ocurrido el 17 de agosto del 2000, en San Rafael (Antioquia).

La subsección A de la corporación le ordenó a la subsección B que profiera otro fallo pues se advierte que las pruebas del expediente “no conducen a concluir que las actividades riesgosas que cumplían las Fuerzas Militares o la empresa de energía eléctrica hubieran tenido algún efecto en la ocurrencia del perjuicio, es decir, en el fallecimiento de este ciudadano”.

 

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El Ministerio de Defensa había apelado el fallo que le ordenó la reparación económica a la familia de la víctima advirtiendo que no se había producido ninguna falla en el servicio o un daño especial.

“La tutela indica que el juez de reparación no logró explicar por qué las operaciones de mantenimiento y generación de energía por parte de la empresa o el servicio de seguridad que prestaban las Fuerzas Militares podían tener alguna incidencia en la muerte del ingeniero. Por esa razón, se debe emitir un nuevo fallo, teniendo en cuenta lo expuesto frente a la prueba”, agrega la corporación.