El Consejo de Estado confirmó la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para imponer  una multa de 24 millones de pesos a la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. E.S.P., encargada de la disposición final de las basuras recolectadas en el municipio de Armenia, Quindío, por haber cobrado una tarifa superior a la autorizada por la Comisión de Regulación de Agua Potable.

Según el fallo, en el pliego de cargos no fueron citadas las normas que aparentemente obligaban a la prestadora del servicio de aseo a devolver los dineros y se omitió motivar la decisión. Además afirmó, que la Superservicios interpretó equivocadamente estos mandatos, que imponían que el infractor abonara los montos que cobró en exceso a la siguiente factura y no su devolución.

La empresa demandó las resoluciones por medio de las cuales se le impuso la sanción y la orden de devolución. La Sección Quinta de la corporación avaló la ordenanza y dejó sin efectos la orden dada a la compañía prestadora del servicio,  de devolver los dineros cobrados en exceso al usuario, ya que al concluyó que a la firma se le restringió el derecho a defenderse.

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