El Consejo de Estado negó una demanda en la que habitantes de la región de Urabá le exigían al Estado colombiano $158 mil millones por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas, entre 1980 y 2000.

El alto tribunal confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida el 20 de febrero del 2019, según la cual la parte demandante no acreditó que los miembros que conformaban el grupo accionante reunieran condiciones uniformes respecto de una misma causa común, pues el supuesto daño de cada grupo familiar se originó en circunstancias y fechas distintas.

En dicha decisión, el Tribunal de Antioquia manifestó que no existían aspectos de hecho o de derecho comunes entre todos los miembros del grupo, que permitieran una misma decisión con efectos frente a todos.

 

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La Agencia al apoyar la defensa de las entidades demandadas, justificó ante el Consejo de Estado que acorde con los hechos expuestos en la demanda, no existía claridad en la acreditación de los requisitos que el Consejo de Estado ha establecido para que se pruebe la condición de uniformidad del grupo.

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Particularmente, no se allegaron medios de prueba que permitieran establecer criterios que llevaran a determinar los presupuestos básicos de las personas relacionadas en la demanda como su calidad de desplazado por una incursión paramilitar, su residencia en el lugar donde ocurrió la incursión subversiva y que a la fecha de los hechos ejercían algún tipo de actividad económica o tenían algún tipo de activo en los territorios afectados o en sus zonas aledañas.