El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, hizo un llamado este martes a los funcionarios responsables de las entidades públicas para que ayuden a ahorrarle recursos al Estado y traten de generar en forma ágil y rápida los pagos de las sentencias judiciales en contra de las mismas, evitando que se acumulen cuantiosos intereses moratorios y se genere así una gestión antieconómica.

El jefe del organismo de control ordenó conformar en la Contraloría un grupo intersectorial, que tiene la misión de evaluar dónde se están generando estas gestiones antieconómicas y ayudar a agilizar el pago por las sentencias.

Las cifras de la CGR indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB y solamente el Sector Defensa, Justicia y Seguridad debía, al comenzar 2018, más de $5 billones por concepto de sentencias y conciliaciones, de los cuales $2 billones corresponden a intereses moratorios.

Córdoba Larrarte, recalcó que, aunque las cifras pendientes de pago son bastante elevadas, presupuestalmente para el próximo año solo se dispusieron de $919 mil millones con destino a las entidades afectadas por condenas y pretensiones.

El funcionario intervino en el evento “Dos días por los derechos humanos”, convocado por la Defensoría del Pueblo y  en el marco del cual este martes se realizó una Audiencia sobre el nivel de cumplimiento de las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias contra el Estado colombiano.

¿Por qué informarse con el Canal 1?

Recuerde que en el sistema informativo del Canal 1 puede encontrar temas de actualidad sobre las regiones, la política, la economía y los acontecimientos a nivel nacional e internacional.

Publicidad

Lea más noticias en el Canal 1