El presidente Iván Duque aseguró que en junio de 2022 se encenderá la primera turbina generadora de energía en Hidroituango.

Desde que ocurrió la contingencia de 2018 se han dado tres cambios en el cronograma.

La Contraloría advierte que otro eventual retraso o incumplimiento con la fecha prometida no guardaría relación con el fallo de responsabilidad fiscal, por 4.3 billones de pesos, contra los contratistas y directivos del proyecto.

 

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Desde la auditoría que se practica en el proyecto se evidenciaron atrasos. En 2013 teníamos 18 meses de atraso y vienen siguiendo, presentándose atrasos en el cronograma. Para poner un ejemplo hoy la ANLA no ha expedido la resolución que levanta la suspensión sobre la licencia ambiental del proyecto. Por eso lo que se ha venido haciendo hasta ahora son las obras de mitigación de la emergencia ocurrida en abril de 2018“, advirtió el vicecontralor Julián Ruiz.

En marzo del próximo año se sabrá si se confirma la billonaria sanción fiscal de por las fallas en la planeación y ejecución del proyecto.

Estamos finalizando la etapa probatoria, esperamos tener fallo hacia enero o febrero, si no ocurren incidentes ajenos al proceso que puedan suspenderlo, como ya es sabido ha habido tutelas“, agregó.

 

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La Contraloría advierte que, de confirmarse la sanción por 4.3 billones de pesos, la deuda podría pagarse haciendo efectiva una póliza, no con el patrimonio de los sancionados.

Consideramos que sí. La póliza todo riesgo es de 2.500 millones de dólares. No está vinculada dentro del proceso de responsabilidad fiscal pues ya venía cancelándose por parte de la aseguradora Mapfre a través de las reclamaciones que ha venido haciendo EPM“, puntualizó Ruíz.

La Contraloría aclara que, en caso de confirmarse el fallo, eventuales inhabilidades para contratistas y campañas políticas quedarían sin efectos si se paga la billonaria multa.

 

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Por otra parte, el ente de control inició la revisión de 234 contratos de las cuatro empresas que integran la Unión Temporal Centros Poblados, para verificar si también hubo irregularidades como se presentaron en el contrato del Ministerio de las TIC.

Estos 234 contratos son suscritos por las cuatro empresas que conformaban la UT Centros Poblados a nivel nacional. Tenemos vías, conectividad, puntos de red y demás, pero a través de esta declaratoria de impacto nacional queremos que tengan la mayor prioridad dentro de la Contraloría, asignándole a la unidad de Investigación anticorrupción“, agregó.

Ya han embargado 87 vehículos, 110 bienes inmuebles, cuentas bancarias en este proceso.