El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones.

Los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones.

Indagaciones preliminares 

Se dispuso el inicio de cuatro indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, que involucran la contratación en los municipios de:

Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones).

Alertas 

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Las 30 alertas por posibles sobrecostos, halladas en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad, corresponden a $34.856 millones, sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal.

Las alertas generadas son las siguientes: 

● En 16 municipios del Departamento de Antioquia:

Medellín ($11.246 millones), Bello ($924 millones), Rionegro ($839 millones), Turbo ($816 millones), Itagüí ($291 millones), Apartadó ($273 millones), El Bagre ($165 millones), Caucasia ($122 millones), Necoclí ($119 millones), La Ceja del Tambo ($118 millones), Remedios ($113 millones), Sabaneta ($108 millones), Chigorodó ($89 millones), Carepa ($86 millones), Dabeiba ($41 millones) y Arboletes ($31 millones).

● En Bolívar: contratación directa del Departamento ($9.128 millones) y del municipio Magangué ($621 millones).

● En Cundinamarca: contratación del Departamento ($2.474 millones) y de los municipios de Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones).

● En Risaralda: contratación del Departamento ($944 millones) y de Pereira ($1.595 millones).

● En el Valle del Cauca: el Distrito de Buenaventura ($1.585 millones).

● Y en el Meta: el municipio de Villavicencio ($293 millones).

Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.