La Contraloría General de la República realizó varias auditorias a las entidades encargadas  de la prestación de servicios de Alimentación, Vigilancia Electrónica, Infraestructura y Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del Inpec, en las que se logró evidenciar la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para llevar a cabo su objeto misional.

Según se dio a conocer, se encontraron cerca de 11 hallazgos fiscales por $1.800 millones, de los cuales ocho fueron traslados a la Fiscalía General por posibles investigaciones penales.

De igual manera, asegura que el Inpec destina recursos propios y celebra convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la infraestructura de los establecimientos de reclusión como consecuencia de la demora de la USPEC para poner en marcha el Plan de Mantenimiento.

“En 2016 el Inpec suscribió 8 convenios por valor de $130 millones, y 38 convenios en 2017 por valor de $2.009 millones, para realizar intervención a la infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde a la USPEC, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de funciones”, asegura la entidad por medio de un comunicado.

Asimismo, durante la auditoria se evidenció que el servicio de vigilancia electrónica solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad. Así como la capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento a las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica es mínima.

De la misma forma, la entidad sostiene que se destinaron recursos a la Uspec por concepto de implementación de la salud en gastos y contratos por fuera de la destinación específica, para lo cual fueron presupuestados, por más de $6.200 millones. Y de esos recursos, según el informe, $5.500 millones fueron ejecutados para financiar una adición a un contrato entre la Uspec y Fonade, para la adquisición y mantenimiento de equipos biomédicos. Y con los restantes $701 millones, al parecer, se pagó otro contrato de póliza de seguros, hechos que fueron trasladados a la Fiscalía General.