La Contraloría profirió falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe, por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social -FOES que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.

Los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo.

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Los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe.

“Al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales”, indicó la Contraloría.

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“Fue así como, Electricaribe pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores los Fondos de Apoyo Financiero PRONE, FAER y FANZI, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de perdidas no técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con usuarios no normalizados ubicados en las áreas especiales”, añadió.