NotiCentro1 CM& entrevistó al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Moisés Rodrigo Mazabel, ponente de los fallos que ordenaron la divulgación total de los contratos para la vacunación contra el COVID-19, suscritos entre el Gobierno nacional y las farmacéuticas.

En mayo de este año el tribunal profirió tres fallos que ordenaban lo mismo: que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo publicara la totalidad de los contratos que firmó con las farmacéuticas, en el marco de unas peticiones del Instituto Anticorrupción y el abogado Ramiro Bejarano. Para el tribunal, en estos contratos no existe ningún tipo de información sensible.

 

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Llegamos a una conclusión mayoritaria que no había ninguna información sensible y se dijo en su momento que se autorizaba que se entregaran las copias de esos contratos, para que quienes los estuvieran pidiendo pudieran hacerse a una opinión, generar acceso a la información y controlar el ejercicio de los poderes públicos“, advirtió Mazabel.

El magistrado advierte que en las últimas horas, y a raíz de la develación de los contratos con Pfizer y AztraZeneca, se ha generado una polémica innecesaria.

 

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Las cláusulas dicen allí básicamente que las partes concernidas se pueden reunir, pueden revisar los impactos pero hay que llamar a la tranquilidad. Creo no hay un daño a las farmacéuticas ni un daño al Gobierno. Ni un daño al plan. Al contrario entre más se conocen las cosas se quitan las dudas y se quita la información falsa o que a veces se genera malintencionadamente“, agregó el magistrado.

En los fallos del tribunal aparece que en otros países ya han sido revelados los mismos contratos.

En la sentencia que dictamos, por ejemplo, ahí se ve la información de EE. UU. y Europa de esas mismas vacunas y contratos. Entonces uno se pregunta. Bueno y ¿Cuál fue el daño allá?“, puntualizó Mazabel.

 

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Insiste el magistrado que en los contratos que revisó el tribunal no hubo aspectos científicos, técnicos o de secreto industrial

Eso se cae de su propio peso porque esas patentes están en otro lado. Es como si yo fuera a un almacén. En la factura no me dicen si están los componentes del hipoclorito“, manifestó.

El magistrado coincide en que la Ley es la que debe determinar qué información es reservada, no la voluntad de las partes.