Un nuevo superintendente de economía solidaria intenta hacer el trabajo que no pudo hacer su antecesora. El problema es que la solución llega cuando por falta de ese control se perdieron 1.4 billones de pesos.

La superintendente anterior no vio señales de alerta cuando era evidente que al menos dieciocho cooperativas estaban certificando pagarés a afiliados inexistentes o por cifras no aprobadas por los reales.