La Procuraduría hizo un llamado a varias entidades del Gobierno y del sector justicia para desarrollar la primera mesa de trabajo que analizará el cumplimiento de la Sentencia-288 de 2022, en la que hará un alistamiento institucional que permita cumplir la orden de la Corte Constitucional sobre el régimen especial de baldíos.

El órgano de control notificó que estos requerimientos se hicieron al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); ministerios de Justicia y de Agricultura; Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad de Planificación Rural Agraria (UPRA), Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Consejo Superior de la Judicatura.

La entidad en cabeza de Margarita Cabello instó a disponer de las herramientas y medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, asunto del cual se determinó “un grave incumplimiento de las autoridades”.

También se le pidió al Dapre asignar recursos tanto para implementar el Acuerdo sobre Reforma Rural “como para fortalecer técnica y financieramente las entidades relacionadas con dichas actividades”