Ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, entregó una rendición de cuentas de sus primeros dos años al frente del ente acusador.

El fiscal afirmó que uno de los grandes retos fue proponer la descriminalización de varios delitos, tales como la inasistencia familiar.

Indicó que «la inasistencia se penalizó en Colombia cuando uno de los miembros del hogar no cumple con su cuota alimentaria y la decisión del Estado frente a esa obligación civil se caracterizó como una agresión al derecho penal y la respuesta es asegurarle que nunca va a cumplir con la cuota alimentaria, porque será condenado y privado de su libertad con lo cual no va a tener etapa productiva».

«El nuevo Gobierno nos ha manifestado que apoyara esta iniciativa, lo que implicaría que el 15 % de los delitos que se denuncian en Colombia dejarían de ser delitos porque lo que no puede utilizarse es la justicia penal como ‘Chepito’ de las obligaciones», aseguró.

El jefe del ente acusador cuestionó la Ley 1826 de 2017 de Procedimiento Abreviado y Acusador Privado al afirmar que «hemos fracasado en esa política».

Afirmó que en todo este año de vigencia de la ley, desde julio del año pasado hasta agosto de este año, «sólo hemos recibido 74 solicitudes. Frente a ese universo de delitos contra el patrimonio, de estafa, de tal manera que vamos a tener que relanzar la figura del acusador privado. Solamente ha habido una condena en vigencia de la ley».

Martínez Neira resaltó ante la Corte el nuevo modelo de arquitectura judicial, al afirmar que «estamos en el primer nivel de la tecnología como está hoy en día Brasil. Para hacer inteligencia artificial en las investigaciones criminales».

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Explicó que desde la denuncia criminal «se hará de manera virtual generando bases de datos que el sistema inteligente pueda leer. El expediente será 100 % digital. El expediente digital es una realidad ya en el 40 % de los procesos penales en Colombia y será una realidad al cierre del año 2018».

Resaltó además la labor que ha hecho la Fiscalía en cuanto a la extinción del dominio, al revelar que en «estos dos años hemos incautado 21.3000 bienes ilícitos por un valor de 10.7 billones de pesos».

«Este Gobierno espera recibir por pago de impuesto de renta, 2 billones de pesos, es decir hemos incautado más del doble de lo que se va a pagar en declaración», expresó.

En materia de corrupción afirmó que van 2238 personas judicializadas por corrupción, de los cuales 700 son funcionarios de altos niveles y 535 exfuncionarios.

«Particularmente ha sido el sector justicia el más afectado, tengo que reconocer que la entidad debía mirar hacia adentro, teníamos que investigar al interior de la Fiscalía. Se dio una investigación e imputación de un exfiscal anticorrupción que fue extraditado y eso causó dolor. Más de 100 funcionarios de la Fiscalía capturados por corrupción», agregó.

Finalmente el fiscal afirmó que según Naciones Unidas, a la fecha, se han registrado 183 líderes sociales asesinados de los cuales 90 casos ya se han esclarecido, 18 ya han sido condenados y 30 más fueron imputados.

«Esto significa que en Colombia no hay impunidad frente a los graves crímenes de guerra que se están cometiendo frente a los defensores de derechos humanos. El 50 % de los casos ha sido esclarecido. Esas graves afectaciones a nuestros líderes sociales no  pueden quedar en la impunidad», puntualizó.