En 2017 la Corte Constitucional declaró la existencia de una grave crisis, o un estado de cosas inconstitucional, por la vulneración sistemática de los derechos de los menores de edad Wayuú producto de la alta tasa de mortalidad asociada a la desnutrición.

La Corte cuestionó que de cada 1000 menores de 5 años en la Guajira el 32.54% falleciera por desnutrición, quintuplicando el promedio nacional que se ubicó en un 6,76%.

Este martes, durante una audiencia técnica, la Corte reveló que han fallecido 39 menores en lo que va del año.

“Hay altas tasas de mortalidad infantil por desnutrición, de acuerdo al último boletín epidemiológico a la fecha han sido 39 niños. Nos acercamos a los 50 del 2018 y apenas vamos a mitad de año. Esta situación nos impone el deber de aproximarnos con la mayor rapidez posible al número de 0 muertes por desnutrición y agua”, advirtió el magistrado José Fernando Reyes.

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El representante de las comunidades indígenas, Javier Rojas Uriana, aseguró que hay subregistro por estas muertes: “hemos reportado la muerte de 13 niños desde junio 6 hasta la fecha, la última niña falleció el 31 de julio. También hay subregistro, fallecen y no son registrados”.

La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, aseguró que de los 38 menores fallecidos, 9 estaban a disposición de su entidad.

El magistrado José Fernando Reyes sugiere que hay corrupción detrás de estás muertes. Por eso imploró el trabajo de la procuradora, el contralor y el fiscal.

“Aquí hay un tema de recursos y discúlpenme, yo soy penalista de 30 años y tengo mi cabeza deformada para pensar mal, pero seguramente alguna cosa debe haber por ahí”, advirtió