La Comisión Colombiana de Juristas participó de la demanda que admitió la Corte Constitucional, a principios de diciembre, y que pretende tumbar los artículos de la Reforma al Código Disciplinario que le otorgaron facultades jurisdiccionales, o de juez, a la Procuraduría General.

“La Procuraduría, con el apoyo del Gobierno, lo que hizo fue convertir a la Procuraduría en un juez, que no es juez penal, y con eso cree haber resuelto el problema. Pero lo que ocurrió fue que lo agravó porque desafió abiertamente una decisión de la Corte Interamericana y un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, advierte Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.

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El Congreso le otorgó facultades de juez a la Procuraduría para, supuestamente, cumplir con el fallo de la Corte Interamericana que advierte que sólo los jueces penales pueden destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.

“La Procuraduría lo que hizo fue lo contrario, ignorar esa orden y aumentar su capacidad de acción como juez, que no lo es. Lo más sencillo habría sido que se habilitara la capacidad de acusación de la Procuraduría ante un juez penal”, agregó Gallón.