La Corte Constitucional acaba de tomar una importante decisión, que tenía en sus anaqueles desde hace cinco años, y que tiene que ver con los baldíos, es decir, las tierras que le pertenecen a la Nación, y que están siendo adjudicadas a particulares que las reclaman a jueces a través de procesos de pertenencia.

El caso que analizó la Corte guarda relación con 13 tutelas que presentó la Agencia Nacional de Tierras, en las que pidió anular, decisiones de jueces que le otorgaron tierras baldías a particulares a través de procesos de pertenencia o de ‘prescripción adquisitiva del dominio’.

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Trascendió que la Corte decidió no tumbar las sentencias, pues protegió los derechos de sus ocupantes en esos casos particulares y, en ese sentido, la Agencia Nacional de Tierras deberá respetar las decisiones.

La Corte emitió un breve comunicado en el que confirmó que “adoptó medidas tendientes a proteger los derechos de los particulares que mediante tales procesos pretendieron la regularización y formalización de la propiedad rural”.

El alto tribunal sí evidenció que existe una crisis nacional por el tema de la propiedad de la tierra rural y emitió una serie de órdenes al Congreso, al Gobierno, a la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras instituciones.

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Las órdenes van encaminadas a que exista un adecuado sistema institucional para el manejo de los baldíos, que haya una institucionalidad para la adjudicación.

En un comunicado parcial, la Corte informó que se exhorta “al Congreso para que fortalezca la Agencia Nacional de Tierras, cree la Jurisdicción Agraria y adecúe la legislación agraria con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural, dentro del respeto del derecho de propiedad y las situaciones jurídicas consolidadas”.

Según la Constitución y la reforma agraria adoptada en la ley 160 de 1994, los baldíos, o tierras de la Nación, deben ser entregados a los campesinos que no tienen tierra o que tienen poca.

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