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Nacional

¿Por qué la Corte mantiene la limitación al glifosato?

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La Corte Constitucional mantuvo los seis condicionamientos que le impuso al Gobierno nacional para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, aunque aclaró que en ningún momento han prohibido su utilización.

El magistrado ponente, Alberto Rojas Ríos, aseguró que lo que hizo la Corte fue precisar algunos puntos que se habían interpretado de manera errónea para volver a utilizar el glifosato.

“No hay nuevas condiciones, son las mismas que traía la sentencia 236 del 2017. Lo que hace la Corte ahora es precisar esas condiciones para que el Consejo Nacional de Estupefacientes y la ANLA pueden expedir las respectivas licencias para que pueda iniciarse o reanudarse la aspersión aérea de glifosato”, indicó el magistrado.

Por su parte, la presidenta del alto tribunal, Gloria Ortiz, aseguró que el Consejo de Estupefacientes deberá analizar, de buena fe, si efectivamente se han cumplido las consideraciones de la Corte.

“Las características allí dispuestas constituyen criterios que el Consejo Nacional de Estupefacientes ha de tener en cuenta para decidir acerca de la reanudación de la aspersión, y deben ser cumplidas de buena”, explicó la presidenta.

Sin embargo, Gloria Ortiz aclaró que el punto que se refiere a demostrar que no se hace daño a la salud no debe interpretarse como absoluto e incuestionable.

“No equivale a demostrar que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño, pero al momento de decidir acerca de la reanudación, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y por otro a la solución al problema de las drogas ilícitas conforme a los instrumentos de política pública”, sostuvo la magistrada.

No obstante, lo que sí podría interpretarse como un nuevo condicionamiento es el impuesto por la Corte para que el Gobierno cumpla con el punto cuarto del acuerdo de paz, el cual habla de plantear soluciones al problema de las drogas ilícitas que involucren a las comunidades con programas como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“La decisión que tome el Gobierno deberá plantearse dentro del marco de la política pública que se deriva del punto cuatro del acuerdo final para la terminación del conflicto y la consecución de una paz estable y duradera”, puntualizó la presidenta de la Corte Constitucional.

Nancy Torres Leal

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