La Corte Constitucional le hizo un llamado de atención a las entidades del Estado para que controlan y vigilen la operación de la empresa Cerrejón y su explotación de carbón.

La decisión fue adoptada al fallar una tutela a favor de indígenas de la comunidad Wayúu de La Guajira, quienes aseguraron que la explotación minera a cielo abierto que realiza el Cerrejón está afectando el ecosistema y su salud por la contaminación del aire, el agua, la flora y la fauna.

El alto tribunal encontró que la comunidad indígena se encuentra en un grave riesgo por la dispersión continua de polvo de carbón que supera los límites permitidos, además de la exposición a químicos y gases que podrían estar causando graves enfermedades.

Según la Corte, las entidades de control ambiental no han adoptado medidas suficientes para proteger a la población a pesar de las advertencias de ese tribunal.

«El control ambiental no puede limitarse a una verificación matemática de los límites de concentración como si fuera un dictamen pericial», indicó la sentencia.

En consecuencia, el fallo de la Corte con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, le ordenó al Cerrejón implementar medidas urgentes para mitigar los problemas ocasionados a la población indígena.