La Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Justicia y a expertos en derecho penal que expliquen cuáles son las razones de política criminal que justifican que el aborto sea considerado un delito.

La decisión fue adoptada por el magistrado Alejandro Linares, quien estudia una demanda que solicita la penalización total del aborto por violación de los derechos del feto.

La Fiscalía deberá entregar un informe en el que analice, entre otras cosas, la penalización del aborto frente a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres embarazadas.

Así mismo, la Corte le pidió información al Ministerio de Salud, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a Profamilia, entre otras entidades, sobre los problemas que tienen las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), los procedimientos abortivos más seguros y las estadísticas sobre el número de abortos.

También solicitó información sobre cuáles son las dificultades que encuentran los profesionales de la salud cuando se enfrentan a una IVE y el número de semanas indicado para abortar.

Todas las personas y entidades convocadas tendrán plazo hasta el 31 de enero para enviar la información solicitada por la Corte Constitucional.