La Corte Internacional de Justicia – CIJ leyó el fallo respecto al litigio con Nicaragua y, según el abogado que representó a Colombia en La Haya, sí hubo un incumplimiento “del derecho internacional en algunas pocas operaciones por parte de Colombia”.

Desde las 10:00 a. m. en La Haya, Países Bajos (3:00 a. m. hora colombiana), la CIJ leyó el fallo con respecto al litigio de Nicaragua que en 2017 demandó al país por realizar operaciones en el área marítima que desde el 2016 corresponde al país centroamericano.

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Aunque la Corte consideró que hubo un incumplimiento, instó a que haya una consideración para que se permita a los pescadores raizales tener acceso a la zona nicaragüense.

De acuerdo, con el agente Carlos Gustavo Arrieta a la salida del fallo de la CIJ, quien representó a Colombia, el país recibió como “satisfecha” la decisión tomada por la Corte, pues “les dio la razón a los argumentos más importantes de toda la controversia”.

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En este sentido, según Arrieta, la Corte “no dijo que Colombia había incumplido el fallo y esto es crucial. No hubo ningún tipo de regaño, por consiguiente, ese punto era tan crítico para Colombia y lo reconoció la Corte”.

En segundo aspecto, Arrieta resaltó que la Corte reconoció el principio de navegación y el derecho que tiene la Armada Nacional de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia y en el Caribe occidental en general, “así como el derecho con operaciones relacionadas con la lucha de estupefacientes y el crimen organizado en general”.

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De igual forma, la CIJ reconoció que todas las islas y cayos colombianos del Caribe tienen derecho a una zona contigua de 12 millas náuticas más allá de las 12 millas del mar territorial.

“Es de enorme relevancia, debido a que en la medida que nos permita reintegrar el archipiélago cuya integridad se vio afectada por la decisión de la Corte en el 2012″, dijo Arrieta agregando que la Corte solicitó hacer algunos ajustes al decreto en cuanto a la extensión de algunos lados y algunas atribuciones de Colombia.

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De otra parte, la CIJ reconoció la comunidad raizal, asegurando que tiene unos derechos de pesca y de tránsito en las aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia que debe ser reconocidas y protegidas por los estados.

“Esto es de gran importancia para la comunidad, pues Nicaragua había negado por completo su existencia y es el trabajo conjunto de un equipo de defensa y los representantes de la comunidad raizal”, explicó Arrieta.

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No obstante, Arrieta señaló que no “se dijo en ninguna parte que Colombia violó el fallo del 2012 y es fundamental”.

“Colombia incumplió el derecho internacional en algunas pocas operaciones por parte de embarcaciones en Colombia, sin embargo, Nicaragua pretendió una condena por un número ilimitado de casos que nunca ocurrieron. En este caso particular, más allá de un llamado de atención, la Corte no estableció ninguna consecuencia para esas sanciones“, puntualizó.

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Finalmente, Arrieta destacó el trabajo realizado en La Haya aseverando que es “favorable para Colombia”, especialmente porque se “mantiene la integralidad del archipiélago por parte de Colombia” y de igual forma, “la comunidad raizal es reconocida como una comunidad que tiene derechos”.