Al revisar el caso de la divulgación en redes sociales de un video en el que se exponen los genitales de una mujer, grabado sin su consentimiento en el baño de una escuela terapéutica para personas vulnerables de Bogotá, la Corte Constitucional declaró que en Colombia existe una “violencia de género digital”.

Esta violencia se da con “la distribución no consensuada de imágenes íntimas, el acoso y el hostigamiento criminal en Internet” y se ejerce con el uso de cámaras, celulares, redes sociales, en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres.

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La Corte exhortó al Congreso para que legisle y para que tipifique como delito la violencia en línea contra la mujer, que deja “daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos (…) y autocensura”.

La Corte cuestionó que en Colombia no exista una norma precisa para combatir esta forma especial de violencia contra las mujeres, tal y como han pedido las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

“El objetivo de esa regulación que trasciende a la penalización es evitar, entre muchas otras conductas: el ciberhostigamiento o ciberacecho, el ciberacoso, la obtención de datos personales (phishing o pharming), la difusión no consentida de la identidad de género o preferencia sexual (outing), la suplantación o robo de la identidad, la revisión no consentida de las cuentas, la creación de falsos perfiles, los fotomontajes (deep fakes), la extorsión digital (sextorsión cuando se trata de información íntima o sexual), el grooming o contacto de niños y niñas mediante aplicaciones con fines de explotación sexual, la difusión no consentida de imágenes (packs) o que estas se difundan acompañadas de datos personales (doxing)”, advierte el fallo.