Al estudiar una demanda que cuestionaba la facultad impuesta por el Plan de Desarrollo al Ministerio de Educación, para que éste fijara la distribución de los recursos para las Universidades Públicas, la Corte Constitucional precisó los criterios de “equidad y fortalecimiento institucional” con los que deben distribuirse esos recursos.

Según la Corte, el Ministerio deberá tener en cuenta para esa distribución el documento de las Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022.

 

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“Para establecer el verdadero alcance de tales mecanismos y criterios de distribución es imprescindible acudir al documento de las Bases del Plan correspondiente, concretamente aquellas incluidas en el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, línea “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos”, Objetivo 5 “Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de calidad”, estableció la Corte.