La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió la demanda interpuesta por el senador Gustavo Petro, en un fallo en el cual los magistrados le pidieron al Estado colombiano que modifique algunas funciones de la Procuraduría General de tal manera que en adelante no pueda inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.

Textualmente la Corte IDH solicita a Colombia adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas’’.

En la decisión tomada este martes por la Corte IDH, en Costa Rica, se ordena además reconocer una indemnización por daño inmaterial.

En la demanda, Petro alegaba que sus derechos habían sido violados en Colombia por las sanciones que le impusieron la Procuraduría y la Contraloría Distrital tras haberlo investigado disciplinariamente y fiscalmente con ocasión del cambio de esquema de recolección de basuras durante su administración en la Alcaldía de Bogotá.

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La demanda contra el Estado colombiano fue presentada en 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, argumentando que la sanción de 15 años de inhabilidad impuesta por la Procuraduría general en 2013 (durante el periodo de Alejandro Ordóñez) le violaba sus derechos y garantías.

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Petro consideró adicionalmente que una multa de $4 mil millones impuesta por la Contraloría Distrital por la compra de un lote de camiones recolectores de basura también significó la violación a sus derechos políticos.

La sanción  de la Procuraduría fue anulada en 2017, aún así la demanda radicada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos continuó su trámite.

La CIDH envió la demanda a la Corte IDH en agosto de 2018 en un informe que señalaba que efectivamente se habían violado los derechos del exalcalde y ahora senador Gustavo Petro.

El exprocurador Alejandro Ordóñez, quien impuso la sanción a Gustavo Petro (que dio lugar a la demanda ante la CIDH), actualmente el embajador de Colombia ante la OEA.

Finalmente, la Corte IDH ordenó que la sentencia sea publicada en el portal web de la Procuraduría General y en un diario de circulación nacional.